La Comunidad Indócil

“La posición del cuerpo, de los miembros, de las articulaciones se halla definida, a cada movimiento le están asignadas una dirección, una amplitud, una duración, su orden de sucesión está prescrito. El tiempo penetra el cuerpo, y con él todos los controles minuciosos del poder”. (Foucault, 1997, p. 156). 

La comunidad cristiana de Pirque, al exhumar ilegalmente el cuerpo de una joven embarazada hace 3 meses, trae a la palestra la preocupación que existe, por parte de las autoridades, sobre el tema de la evasión al poder central y, específicamente, a los mecanismos de “empadronamiento”. 

Para Foucault la combinación de las fuerzas exige un sistema preciso de mando y de registro permanente. La situación de los cuerpos no es un mero detalle. El cuerpo aparece como un bien estatal, por lo cual nadie tiene el derecho a disponer del suyo ni menos del cuerpo del otro. Es éste el gran error cometido por la comunidad de Pirque, ya que devela el incómodo hecho de que, en Chile, existen al menos150 sectas que funcionan “al margen de la sociedad” sin reconocimiento alguno por parte del Estado. 

Para irrumpir este espacio que había logrado durante tres años sustraerse del inquisitivo imperio de la ley (alias “biopolítica”), las autoridades esgrimen argumentos como la protección de los integrantes de dicha comunidad, la inadmisibilidad de que una embarazada sólo se medicamente con remedios naturales, la irregularidad por la falta de inscripciones de niños en el Registro Civil y la inconveniencia de que éstos nacieran dentro de esta comunidad y no en hospitales.  

Lo curioso es que la solución dada por estos mismos individuos radica en la concreción de un catastro oficial de sectas y de llevar un examen detallado de lo que ocurre dentro de las mencionadas comunidades. Adicionalmente, se quiere que los miembros de esta comunidad inscriban a sus hijos en escuelas, se controlen a las embarazadas y niños en los consultorios y se regularicen todas las situaciones de hecho que no cuentan con una inscripción oficial (nacimientos, defunciones, libretas de familia, etcétera), es decir, se pretende “encauzar las multitudes confusas, inútiles de cuerpos y de fuerzas en una multiplicidad de elementos individuales” (Foucault, 1997, p. 175) ya que “al asignar lugares individuales se hace posible el control de cada cual” (p. 151). 

Con esto no pretendo justificar una torpeza que tuvo como consecuencia la muerte de una persona, sin embargo, es preciso establecer límites y sanciones proporcionales a dicha negligencia.  

A pesar de esto, las pretensiones de encauzar las conductas de esta comunidad por parte de las autoridades, me parece, van más allá de la pena que corresponde por la desafortunada decisión de sepultar un cuerpo (acorde a las propias creencias de esta agrupación) al margen de lo prescrito por la ley. El castigo, hasta el momento, iría plenamente por el camino de docilizar a este conjunto de “porfiados”, lo cual definitivamente propasa las funciones y penas propiamente judiciales, hecho que atenta directamente contra la competencia de los tribunales de justicia. Por lo tanto, a mi parecer, hay una errada y excedida aplicación de la ley, que pretende ser ejecutada trascendiendo su ámbito de jurisdicción e intentando regular conductas que no corresponden estar bajo su alero castigador.

 

 

María de los Ángeles Quinteros